En concreto, se trata de una queja formulada delante de la oficina del Defensor del Pueblo en el ámbito local. Un señor de origen marroquí en silla de ruedas escaló la problemática en la que se encontraba al no poder acceder a una vivienda adaptada de protección oficial (VPO).
En este caso, el señor alegaba sentirse discriminado por no haber resultado agraciado en el sorteo de viviendas de protección oficial del municipio, dada su situación personal que no le permitía acceder a otra vivienda por su nivel de ingresos, dada su nacionalidad y dada su discapacidad.
Si bien es cierto todas las personas beneficiarias de VPO deben cumplir el requisito de tener unos ingresos determinados sin pasarse de un límite, y a parte las administraciones deben promover políticas públicas de acceso a la vivienda, en ningún caso queda la administración obligada a dar llaves de viviendas a todo aquél que tenga la necesidad y se persone en la oficina de atención ciudadana.
Con ello quiero decir que, la persona se podía sentir discriminada (discriminación abierta) por razón de sexo, de nacionalidad, de discapacidad física o incluso por barrea idiomática. No obstante, en ningún caso esa interseccionalidad de variables le hacía estar en una situación privilegiada de partida frente a una persona de nacionalidad española, sin discapacidad reconocida por lo que al acceso a la vivienda se refiere.
Esta situación llevó bastante ajetreo en el ayuntamiento, puesto que en primer lugar la persona accedió a los Servicios Sociales municipales en búsqueda de un recurso habitacional adaptado. Dichos técnicos ya hicieron su trabajo de acompañamiento en la situación sobrevenida, y reorientaron el usuario hacia las alternativas posibles, como una posible ayuda económica puntual de un mes de alquiler o similar.
Dada que esa respuesta no fue del agrado de la persona afectada, ésta se dirigió hacia el servicio de Políticas Sociales de Vivienda, donde mostró interés en acceder a una vivienda de mesa de emergencia. Este recurso no entraba dentro de las posibilidades dado que el señor en cuestión no era propietario de ninguna vivienda previamente, ni estaba en situación de impago al ser recién llegado al municipio.
En tercer lugar, se dirigió a la Sociedad Municipal de Vivienda, donde se procedió a la inscripción en el sorteo de viviendas de protección oficial. Como digo, sorteo, no acceso inmediato a una vivienda.
La siguiente medida fue acceder a una reunión con los responsables políticos para manifestar su situación, y la poca profesionalidad con la que le habían tratado los servicios anteriormente descritos.
Y ya para finalizar, el siguiente paso fue la oficina del Defensor del Pueblo local, donde se determinó recomendar a la administración a mantener las acciones emprendidas de asesoramiento y acompañamiento.
Muchas veces nos encontramos en determinados servicios que son más las propias personas "afectadas" las que proyectan esa discriminación cuando la situación administrativa no la está promoviendo ni muchísimo menos. Y hay que ser tolerante desde el respeto. Si realmente se dispone de recursos y no se le facilita las llaves de un piso por tener una u otra nacionalidad, sería claro motivo de discriminación. Pero no al revés, no tratar de acogerse a que por tener una nacionalidad no me conceden el recurso habitacional porque precisamente por eso luchan los poderes públicos, por la plena igualdad efectiva entre las distintas personas que forman la colectividad, todas y cada una de las personas que residen en el municipio.
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